La dictadura de las minorías

La acción popular presentada por la asociación de ateos por Pereira, pidiendo que desaparezcan las manifestaciones religiosas católicas en las entidades públicas, fue fundamentada, según ellos, por vulnerar la libertad religiosa y el pluralismo en una constitución política que declara, un estado laico y sin ninguna opción religiosa.

Hoy se tiene una falsa interpretación de laicidad entendiéndola como exclusión de la religión de los diversos ámbitos de la sociedad y como su confín en el ámbito de la conciencia individual. La laicidad ha degenerado en un laicismo, una hostilidad contra la religión, la separación total entre el Estado y la Iglesia, no teniendo esta última título alguno para intervenir sobre temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos. Hoy se quiere hablar de pensamiento laico, moral laica, ciencia laica, política laica; una visión donde no hay lugar para Dios, “una sociedad sin Dios”, emblema de la posmodernidad, de una democracia contemporánea que no ha podido resolver, el problema de Dios, como estos mal llamados ateos por Pereira que no sé por qué se preocupan de negar, algo que según ellos no existe.

En su preámbulo nuestra constitución hace alusión a Dios, luego no es un estado ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos; aunque por constitución le sean respetados a todos los credos sus derechos y el estado se declare no confesional, ello no lo hace aconfesional, ya que respeta y valora una cultura cristiana y el reconocimiento de la religión católica en el seno de la comunidad nacional, como lo ha establecido el concordato entre Colombia y la Santa Sede en la ley de 1974.

La ley 133 en el artículo 19 de la constitución política declara que el estado garantiza la libertad religiosa y aunque ninguna confesión religiosa será oficial; consigna, que las autoridades adoptaran las medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por las Iglesias y confesiones religiosas de sus miembros, cuando ellos se encuentren en establecimientos públicos, militares, hospitalarios, educativos, penitenciarios y otros bajo su dependencia. Esto clarifica que si una dependencia del estado es mayoría católica puede exigir que en su institución estén los símbolos que los identifican por su condición religiosa. Suponemos que en la alcaldía de Dosquebradas ninguno de sus miembros pertenecen a nuestra fe, por lo que permitieron que la acción popular interpuesta, en contra de los signos religiosos, la hicieran efectiva.

Padre Pacho

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